Gasigwa, de 14 años, ahora pasa los días aprendiendo a caminar como un soldado y aprendiendo canciones patrióticas. Por las noches, duerme en una enorme nave de chapas metálicas junto con cientos de hombres y niños hacinados. "Llamen a mi padre, por favor" susurró. "No tiene ni idea de dónde estoy".
Cerca de 900 mendigos, gente sin techo y sospechosos de pequeños hurtos, incluyendo docenas de niños, han sido barridos de las calles del país y llevados -sin comparecer ante un tribunal ni ningún tipo de juicio- a este desconocido lugar. Pasarán hasta tres años aquí mientras los "rehabilitan", aprendiendo cosas como albañilería, peluquería y mecánica.
Este es uno de los nuevos proyectos de autosuperación del país, y parece un símbolo apropiado para lo que muchos analistas políticos y grupos de derechos humanos dicen que se ha convertido Ruanda: un país ordenado pero represivo.
Durante la presidencia de Paul Kagame, este país, que estalló en un baño de sangre étnico hace 16 años, es ahora uno de los más seguros, limpios y menos corruptos del continente. La capital, Kigali, no está rodeada por suburbios y los asaltos a coches -un problema muy grave en muchas ciudades africanas- están prácticamente erradicados de aquí. Las carreteras están bien pavimentadas, hay la seguridad social a nivel nacional, los barrios se limpian mensualmente, las redes informáticas están entre las mejores de la región, y las fuentes públicas están llenas de agua, no de algas. Todo esto se ha conseguido en uno de los países más pobres del mundo.
Pero mientras la nación sigue siendo la preferida de la ayuda extranjera
y una especie de utopía en África central, cada vez es más
intolerante con la disidencia política, e incluso algunas veces con el
diálogo, y salen a la luz tensiones reprimidas. Los recientes ataques
con granadas en Kigali y la agitación en el ejército mostraron
que incluso una de las piedras angulares del nuevo Estado ruandés –la
seguridad personal- podría estar en peligro.
"La estrategia de Kagame para conseguir la estabilidad es una apuesta
peligrosa a largo plazo", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human
Rights Watch. Bloqueando la oposición política, la prensa independiente
o la sociedad civil -en pocas palabras, impidiendo el funcionamiento de las
instituciones democráticas- Kagame está haciendo que la gente
sólo pueda identificarse con sus grupos étnicos."
Cuando faltan menos de cuatro meses para las elecciones nacionales, sólo unos pocos partidos de la oposición han podido registrarse. Algunos partidarios de la oposición han sido atacados en las oficinas del gobierno. Otros han sido encarcelados. Varios oficiales destacados del gobierno que recientemente rompieron filas con Kagame han escapado a otras naciones africanas porque dicen que temen por sus vidas. La radio de la BBC en lengua local fue cerrada durante un tiempo porque al gobierno ruandés no le gustaba el modo en el que hablaban sobre el genocidio de 1994.
Ese oscuro periodo, cuando los escuadrones de la muerte de la mayoría hutu masacraron a cientos de miles de tutsis y hutus moderados, sigue siendo el tema más sensible para todo el mundo. En los últimos tres años, los oficiales ruandeses han perseguido a más de 2.000 personas, incluyendo rivales políticos, profesores y estudiantes, por adherirse a la "ideología genocida" o al "divisionismo".
El señor Kagame y su disciplina militar restauraron rápidamente el orden tras el genocidio, y esta estabilidad ha sido la base de la extraordinaria recuperación de Ruanda. La ministra de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo, dice que después de todo lo que ha pasado Ruanda, el gobierno tiene que permanecer alerta ante las divisiones étnicas. "Ruanda no va a permitir que ningún político, partido o individuo interfiera en la reconciliación y la unidad de Ruanda", dijo en una entrevista.
Los que instigan a la violencia han sido perseguidos por divisionismo, pero
también ha sido perseguida la gente que ha tratado discutir el pasado
del país o la dirección que está tomando. Los críticos
afirman que el gobierno aprueba leyes orwellianas, deliberadamente imprecisas
para ahogar cualquier idea de oposición.
Incluso los programas como el de la isla de Iwawa, que según el gobierno
dará a la gente de la calle una segunda oportunidad, no son exactamente
lo que parecen.
Cuando un gran grupo de oficiales se acercaba hacia la orilla, un comisario de policía señalaba a los pájaros, los árboles y los jóvenes con la cabeza afeitada que traían agua y dijo:"Bienvenidos a nuestro Hawaii."
Pero la gente fuera del lago lo describe como un Alcatraz. "La llamamos
la isla de la que no se regresa", dice Esperance Uwizeyimana, una sin techo
con cuatro hijos.
A mediados de marzo, ninguno de los programas de formación profesional había empezado. Protais Mitali, el ministro de Juventud, insistió en que allí no había niños de la calle, sólo adultos. Sin embargo, había muchos adolescentes como Gasigwa mezclados entre los hombres, y los empleados confesaron que aquí había varias docenas de niños encarcelados. "Este no es un buen lugar para los niños", dijo un empleado en voz baja porque estaba cerca el ministro. "Podrían abusar de ellos".
Los oficiales ruandeses son muy puntillosos con las quejas. El presidente Kagame
arremetió contra las críticas extranjeras este mes diciendo, "¿Quién
podría dar lecciones a los 11 millones de habitantes de Ruanda sobre
lo que es bueno para ellos?" Llamó "hooligans" a los líderes
de la oposición y dijo que los ruandeses eran "más libres,
felices y orgullosos de sí mismos que nunca".
Varias figuras de la oposición, como Victoire Ingabire, dicen que es
imposible plantar cara al gobierno, porque está controlado por un grupo
de tutsis que estuvieron refugiados en Uganda antes del genocidio y ahora dominan
injustamente la economía.
La Sra. Ingabire, de etnia hutu, era una economista que vivía en los Países Bajos hasta que volvió a su país en enero para presentarse a las elecciones. Hoy vive en un barrio de viviendas protegidas llamado Vision 2020 Estate. Su sólida casa de ladrillos de dos pisos es indistinguible de todas las otras, salvo por los guardias de la puerta. "No hay espacio para hablar sobre lo que pasó en nuestro país", decía Ingabire, que ha sido acusada de ideología genocida, "divisionismo" y colaboración con los rebeldes.
No sólo los políticos hutus se sienten perseguidos. Charles Kabanda lideraba el Frente Patriótico Ruandés, el partido en el poder de mayoría tutsi, que se escindió a finales de los 90, porque "eran crueles". Últimamente colabora con el Partido Verde, pero dice que el partido ha sido bloqueado una y otra vez para que no participe en las elecciones. Los oficiales del gobierno afirman que el Partido Verde no cumplía los requisitos, como aportar 200 firmas de toda Ruanda. El señor Kabanda simplemente niega con la cabeza. "Enemigo, enemigo, enemigo, eso es lo que ellos llaman a cualquiera que piense de otra forma", dice. "El historial de este gobierno es espantoso. Sólo vosotros, la comunidad internacional, sois quienes les obsequiáis con elogios".





