Fathi al Jahmi, el más célebre disidente libio
Cárceles y psiquiátricos del país acabaron con su salud
Ignacio Cembrero (El País, España)
Fathi al Jahmi, de 68 años, podía haber continuado tranquilamente su vida de alto funcionario que lo llevó a ser, entre otras cosas, gobernador de una provincia de Libia. Pero en octubre de 2002, en una de las conferencias populares que acostumbra a organizar el régimen del coronel Muhammar el Khadafy, le dio por tomar la palabra y reivindicar elecciones democráticas, libertad de prensa y la liberación de los presos políticos. Al Jahmi fue detenido poco después y condenado a cinco años. Desde entonces, la vida de este ingeniero transcurrió entre cárceles, hospitales y lugares de destierro, a los que la policía envió también, a veces, a su esposa, Fauzia al Ghoka, y al mayor de sus hijos.
Llevaba Al Jahmi 17 meses detrás de los barrotes, a ratos en régimen de incomunicación, cuando el actual vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, entonces senador, fue recibido en Trípoli por Khadafy. Intercedió por el disidente, y éste fue excarcelado. La gestión de Biden fue la primera de una larga serie efectuada por parlamentarios y secretarios de Estado de EE UU, mientras que los europeos que pasaron por Trípoli permanecieron silenciosos.
Al Jahmi no tardó en reincidir tras su excarcelación. Lo hizo primero ante las cámaras de la televisión Al Hurra, que financia el Departamento de Estado y que emite en árabe. “Lo único que le queda por hacer [a Khadafy] es darnos una alfombra de oración y pedirnos que nos postremos ante su retrato y le adoremos”, declaró.
Esta vez la represión empezó por una paliza que le administró la policía y por el destierro, antes de que se lo acusase de intentar derrocar al gobierno e insultar a Khadafyi. Volvió a la cárcel otros dos años hasta que el tribunal que lo condenó estimó que estaba “mentalmente perturbado”. Ordenó su ingreso en un psiquiátrico en septiembre de 2006, un método represivo muy frecuente en los últimos tiempos de la Unión Soviética.
Permaneció allí diez meses porque el empeoramiento de su estado de salud obligó a trasladarlo en julio de 2007 a un centro médico en Trípoli. Ahí pudo visitarlo, a finales de abril, una delegación de la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW). Lo encontró “débil y demacrado”, con dificultades para hablar. Cuando le preguntaron si era libre de marcharse del hospital, contestó: “No”. Desmintió así la información facilitada por las autoridades libias sobre su libertad de movimiento.
El pasado 3 de mayo entró en coma, y 48 horas después las autoridades libias lo introdujeron en un avión que lo trasladó a Amán. Ingresó en el Centro Médico Árabe, donde, según su hermano Mohamed, seguía estando vigilado por agentes libios. Allí falleció el 21 de mayo de 2009. El hospital no precisó la causa de su muerte y tampoco se le ha practicado la autopsia. Enviándolo a Jordania, Khadafy ha querido, probablemente, eludir cualquier responsabilidad en el desenlace.
Las autoridades “libias tienen las manos manchadas con la sangre de Fathi”, afirmó su hermano, residente en Boston. Sin llegar tan lejos, Susana Sorkin, vicedirectora de la ONG Médicos para los Derechos Humanos, que visitó a Al Jahmi en marzo de 2008, aseguró que el enfermo “no recibió la atención médica que requería”. Sarah Leah Whitson, de HRW, resaltó, por su parte, la “extraordinaria valentía” del difunto.